Un nuevo momento

Nuestro país vive una ya prolongada crisis política. Esta crisis es la suma de tres factores. El primero, el desinterés del gobierno nacional para atender o siquiera escuchar las demandas de la ciudadanía, lo que se evidencia en el escaso avance de la Reconstrucción Post-Fenómeno del Niño (2016) y en el tratamiento negligente de los justos reclamos del magisterio (2017) o de los productores agrarios (2018). El segundo factor de la crisis está dado por el caso Lava Jato y las constantes revelaciones acerca de la mega corrupción instalada en el Estado y el empresariado peruanos, que compromete a todos los gobiernos que administraron el país en los últimos 25 años. El tercer y más grave factor es el infame pacto de impunidad entre el oficialismo y la oposición fujimorista, un negociado que permitió sacar de la cárcel al ex dictador Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

A esta crisis política se suma una crisis institucional y social. La justificada desconfianza en la clase política ha acentuado la altísima desaprobación del Congreso, que lejos de ser visto como el lugar de la representación popular, es percibido como el espacio para las componendas y el blindaje a expresidentes, ex candidatos y líderes corruptos. Esta sensación de impunidad se refleja también en nuestra convivencia social: no hay día en que en las noticias, en nuestro centro de labores o de estudios, en nuestro entorno familiar o barrial, no sepamos de un niño o niña agredidos, de una mujer violentada y de una justicia que no llega a tiempo para estos casos, revelando que la indolencia y la indignidad estrechan cada vez más su cerco sobre la sociedad peruana, especialmente sobre los más vulnerables.

En este contexto, la labor parlamentaria implica graves retos que mi bancada Nuevo Perú asume con energía y seriedad. Para nosotros y nosotras, provenientes de experiencias políticas y ciudadanas diversas, ser congresistas no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr que el poder y las leyes se abran a las voces y miradas de amplios sectores de la ciudadanía organizada y movilizada en la defensa de sus intereses y la protección de sus derechos: trabajadoras del hogar, trabajadores del Estado y de las universidades públicas, obreros y obreras de la construcción civil, de la minería y del oficio textil, cesantes y jubilados, jóvenes sindicalizados, mujeres que cuidan y trabajan, mujeres autoridades y dirigentas, vecinos y vecinas que defienden los espacios y los bienes públicos. Con y para ellos y ellas es que preparamos nuestros proyectos de ley y nuestras actividades de fiscalización y representación.

Estamos en el Congreso también para abrir camino al debate sobre la profunda necesidad de renovar nuestras reglas de convivencia democrática, bajo las que el Estado ha sido incapaz de garantizar bienestar y dignidad a las y los peruanos. En 2017 se cumplieron 25 años del “autogolpe” que inauguró un sistema que a cambio de liquidar derechos dio unos pocos y limitados beneficios económicos, a todas luces insuficientes, amarrando en la Constitución de 1993 un pacto que limita el ejercicio de derechos ciudadanos y el desarrollo social y cultural de nuestros pueblos, un pacto por el cual los intereses privados siempre ganan y el trabajador y el Estado siempre pierden. 25 años después es más que necesario revisar este pacto agotado que solo se mantiene gracias a turbios arreglos de corto plazo y saltos hacia adelante. Este 2018, la nueva generación de peruanos y peruanas que llega a la mayoría de edad nació ya en un país que dejaba atrás la dictadura y respiraba democracia. Hagamos posible que vivan su ciudadanía y trabajen por los suyos en una patria verdaderamente renovada.

Indira Huilca | Boletín 03 Agosto 2017-Enero 2018 by Indira Huilca on Scribd