Tumán y la corrupción en el sistema de justicia

El caso de la Azucarera Tumán no ha sido la excepción de la dinámica de colusión entre mafias, compra de jueces e intercambio de ‘favores’ que se ha conocido públicamente gracias a los llamados CNM audios.

Desde 2006 hasta setiembre de 2015, la azucarera Tumán ha estado bajo administración Judicial, ordenada por el 7mo. Juzgado Civil de Chiclayo. Esta administración fue dada a favor de EDWIN OVIEDO PICCHOTITO, por una deuda de US$ 1 5000, 000.00 (S/. 4 500, 000.00).

Hasta 2006, la administración estuvo a cargo de los trabajadores; durante ese periodo se revirtió notablemente la situación negativa de la empresa. Los trabajadores aseguran que la deuda a favor de Edwin Oviedo podía haberse pagado con un mes de producción. Sin embargo, la administración otorgada a Oviedo permaneció 9 años, favoreciendo el monopolio en la comercialización del azúcar, a favor de pequeñas empresas del llamado “Grupo Oviedo”, a las que en la práctica se habría trasladado las utilidades de la empresa Tumán, en perjuicio de sus trabajadores.

En 2015 la gestión de Oviedo dejó de pagar 5 meses de remuneraciones a los trabajadores, aduciendo falta de producción y de recursos; ante ello, los trabajadores, asumieron el control de la empresa, pagaron 2 meses de remuneraciones adeudadas, además de las remuneraciones corrientes y cancelaron la deuda a Oviedo.

Sin embargo, la Jueza del 7mo. Juzgado Civil de Chiclayo ordenó la reinstalación del Directorio de Wigfredo Cabrejos y la convocatoria a la Junta General de Accionistas. Este hecho provocó una huelga general desde el 25 de abril de 2017. Es en este contexto que la Policía Nacional toma las instalaciones de la empresa, con un contingente de 560 agentes.

El Directorio presidido por Wigberto Cabrejos designó como gerente de Finanzas al procesado penalmente Segundo Ordinala Zapata. Una de sus primeras decisiones fue ordenar la cosecha de toneladas de caña de azúcar y procesarlas en el ingenio de la azucarera Pomalca, a cargo del Grupo Oviedo, lo que provocó la protesta de los trabajadores y enfrentamientos, pues la caña era transportada con protección policial.

Esta situación llevó al gobierno a declarar el Estado de Emergencia en el distrito de Tumán, disponiendo la presencia ya no solo de la Policía Nacional, sino del Ejercito (D.S. NH°064-2017-PCM). Más que a resguardar el orden público, esta declaratoria y sus sucesivas prórrogas estaban destinadas a impedir a los trabajadores accionistas ejercer su derecho Constitucional a reclamar el pago de sus remuneraciones insolutas desde el mes de abril del año 2017.

En medio del estado de emergencia, el Primer Juzgado Civil de Chiclayo (Exp. 4993-2009) ordena una administración judicial que favorecia al grupo Oviedo, a través de la empresa DLibano Inversiones S.A.C, por otra deuda que los trabajadores califican de ‘fraudulenta’.

Desde el 9 de julio, con el fin del estado de emergencia en Tumán los trabajadores se han organizado para denunciar la red de corrupción que favorece al grupo Oviedo a través de jueces como César Hinostroza. Hinostroza resolvió un recurso de casación a favor de Oviedo en una investigación por el presunto delito de crimen organizado.

A marzo de 2018 la deuda de Tumán con el Estado y sus trabajadores es de S/. 1,084 570,644. A los trabajadores no solo se les adeuda sus remuneraciones, sino también sus aportes al sistema de aseguramiento social previsional y las atenciones en Essalud. Los trabajadores de Tumán exigen una Comisión investigadora del Congreso, y una mesa bilateral de prevención de conflictos en la PCM.

Datos

  • Oviedo es investigado por la 3era Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que ha solicitado hasta 26 años de pena privativa de la libertad, por delitos de asesinato y asociación Ilícita para delinquir perpetradas al interior de la Empresa Tumán durante su gestión.
  • La 1era Fiscalía Supra provincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos, abrió investigación preliminar (Carpeta Fiscal 356-2015) contra Edwin Oviedo Picchotito, el Presidente del directorio, Wigberto Cabrejos Flores, el administrador Judicial, Segundo Ordinola Zapata y otros, por delito de Lavado de Activos, ocurridos como consecuencia de la gestión de Oviedo en la empresa Tumán.