La lucha contra la Trata de Personas

Conforme a la Ley 29918, publicada en 2012, se declaró el 23 de septiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas. La fecha es una oportunidad para revisar cuánto hemos avanzado para enfrentar esta problemática que afecta principalmente a mujeres adultas, adolescentes y niñas, quienes son privadas de diferentes dimensiones de su libertad para ser usadas como una mercancía. El martes 26 de setiembre, la Comisión de Justicia del Congreso de la República organizó una presentación del nuevo Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2017-2021.

Participé en la presentación del nuevo Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2017-2021, reunión organizada por la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

Este Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, fue promulgado en junio pasado por el Poder Ejecutivo, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-IN. El Plan se articula en torno a cuatro ejes estratégicos (i. Gobernanza institucional, ii. Prevención y sensibilización, iii. Atención, protección y reintegración , y iv. fiscalización y persecución del delito) y a cada uno se corresponden determinados objetivos estratégicos. Se señala que cada entidad involucrada debe disponer una “asignación específica de presupuesto” y se encarga la coordinación a su Secretaría Técnica, la Dirección General de Seguridad Democrática del MININTER.

En mayo, con ocasión de la presentación ante el Pleno del Congreso del Gobierno para informar sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016 y en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, de acuerdo a la Ley N° 29918, publiqué un balance de la problemática que sigue vigente y que resumo aquí:

Marco legal

A nivel nacional tenemos 4 normas generales para regular el tema. El marco general es el “Plan Nacional de Acción contra la trata de personas 2011-2016” (Decreto Supremo N° 004-2011-IN, publicado el 19 de octubre de 2011), pero también tenemos una norma MINJUS (“Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación”, Decreto Supremo N° 001-2015-JUS publicado el 24 de enero de 2015), una norma del MININTER (“Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas”, Decreto Supremo N° 005-2016-IN, publicado el 12 de mayo de 2016) y una norma MIMP (“Protocolo Intersectorial para la atención a víctimas de trata de personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP”, Resolución Ministerial N° 203-2014-MIMP de fecha 20 de junio de 2014).

Planes sin presupuesto

A nivel subnacional, de acuerdo a los informes alternativos de sociedad civil, se registran mayoritariamente avances meramente normativos pues se aprueban Planes Regionales de Acción contra la Trata de Personas y se instalan grupos de trabajo o redes regionales, pero no hay presupuestos claros asignados ni metas.

Una consideración especial es el Presupuesto asignado al Plan Nacional de acción contra la trata de personas. De acuerdo con el IV Informe Alternativo: Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú, durante el 2016 el presupuesto para la implementación del Plan Nacional de acción contra la trata de personas representó el 0.0046% del Presupuesto General de la República para el mismo año, menos que el año anterior representó el 0.0108%.

Prevención

Aún no hay acciones que ayuden a menguar las condiciones estructurales de vulnerabilidad que ponen en riesgo de trata y explotación a las mujeres adolescentes y jóvenes quienes son las principales víctimas. Según información de 2017 del Consejo Nacional de Política Criminal más del 50% de víctimas de trata de personas registradas por el Sistema de Información Estratégica sobre Trata de personas del Ministerio Público (SISTRA) tienen entre 13 y 17 años, y entre el 70% y el 80% de las víctimas reportadas son mujeres.Por eso necesitamos enfoque de género, intercultural y generacional en la respuesta del Estado

Regular ciertos sectores económicos es parte de la prevención. Existe evidencia que la trata de personas es dependiente de sistemas delictivos (o informales) de mayor capacidad económica. 44.9% de reclusos previamente trabajó en bares y discotecas, y 24.49% en comercios u oficios independientes. Si se desagrega por sexo, 31.82% de mujeres trabajó en comercios u oficios independientes, 26.36% trabajó como “damas de compañía” y 22.73% trabajó en bares. En caso de varones, 33.33% trabajó en bares y discotecas y un interesante 22.22% trabajó como transportistas.

Persecución y sanción

La persecución está muy concentrada en los últimos eslabones de la trata y no en los explotadores de gran escala. No en vano las personas procesadas son 40% mujeres, de las cuales casi el 60% tiene antecedentes de victimización por violencia física y trata de personas, es decir que muchas víctimas terminan siendo parte de las organizaciones cuando crecen y son a ellas a quienes el sistema detiene. Y aún en este universo tenemos pocas sentencias condenatorias, recuérdese la desastrosa sentencia del caso de trata presidida por el entonces vocal villa stein.

Existe subregistro estadístico de la trata de personas: Si bien es cierto que entre el 2009 y el 2015, las denuncias por trata de personas crecieron en 617%, y que entre el 2014 y el 2015, la proporción de denuncias creció en 74.4%. Sin embargo, hay subregistro -casos que no se denuncian o no son detectados—, porque este delito opera a través de redes ocultas y en zonas lejanas al alcance del Estado.

Sobre la situación procesal

El 67% de internos por trata de personas tienen condición de procesados. La dificultad para acreditar este delito se documenta en varias investigaciones. El tratamiento penitenciario, por otra parte, debe de contar con un enfoque de género: el 40.10% de internos por trata de personas son mujeres, de las cuales el 59.09% tiene antecedentes de victimización por violencia física y trata de personas, así como conocimiento de redes de captación y transporte de víctimas.

En el caso de los internos, el 59% de las personas recluidas —cuyas edades promedio rondan los 26 años— declara que fue víctima de violencia en edades tempranas, de las cuales casi la mitad describen situaciones de captación y explotación sexual relacionadas a la trata de personas; el 51% de reclusos declara provenir de un hogar pobre; casi el 50% de los internos no culminó la educación básica regular (cifra que, sin embargo, es inferior al de la población penitenciaria general [60.2%]).

Proteger a las víctimas

Los informes de CHS y Tierra de Hombres Suiza inciden en la mala situación de las víctimas que son rescatadas. Ante el pedido de información hecho desde el despacho al MIMP sobre las recomendaciones del informe de Tierra de Hombres “Protegidas o revictimizadas”, la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP señala que entre enero y febrero se han hechos supervisiones a los CAR de Iquitos, pero la problemática va más allá de esa ciudad y se necesita una continuidad en las acciones. Asimismo, a la fecha no hemos recibido respuesta del MININTER y MINJUS sobre sus responsabilidades.

Labor parlamentaria

Como parte de mi labor parlamentaria, junto con la congresista Karla Schaefer, he presentado el Proyecto de Ley 1536/2016-CR que propone modificar diversos artículos del Código Penal con miras a adecuar la normatividad penal, de ejecución penal y otras normas conexas para combatir con eficacia los diferentes delitos de explotación sexual de las personas, con particular énfasis en la explotación de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Este proyecto fue producto del trabajo del GRUPO DE TRABAJO SOBRE RESPUESTA INTEGRAL FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS de la Comisión de la Mujer y Familia que presidí en el período 2016-2017. Está decretado a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Familia, a quienes he solicitado que se le de trámite prioritario. Que esta fecha nos comprometa a seguir luchando contra esta forma de esclavitud contemporánea.