Con cambios en #Sunafil trabajadores quedan desprotegidos frente a abusos laborales

La política antilaboral del gobierno de Vizcarra, aplaudida por Confiep, continúa en marcha. No solo para cambiar las condiciones de contratación, seguridad laboral y despidos, en el marco del nuevo Plan Nacional de Competitividad, sino también respecto a los mecanismos de fiscalización del trabajo ante posibles abusos e infracciones a la ley. Hablamos de SUNAFIL.

La capacidad de fiscalización laboral del Estado está nuevamente en cuestión, esta vez por un ajuste en los procedimientos de inspección laboral. Se trata de la publicación del documento sobre “Lineamientos para el desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación y comprobatorias en el marco de las inspecciones complejas y no complejas”, que entraría en vigencia el 16 de setiembre, para regular la actuación de SUNAFIL.

Estos lineamientos suponen límites a las facultades que detentan los inspectores laborales para realizar sus investigaciones, contraviniendo la ley Nº 28806, Ley General De Inspección Del Trabajo y al Convenio 81 de la OIT, instrumentos que señalan que los inspectores deben gozar de autonomía técnica y funcional, y garantías a su independencia frente a cualquier influencia exterior indebida.

Con el pretexto de agilizar los procesos inspectivos, se han limitado las visitas a las empresas a solo 1 y las comparecencias a solo 1, (en algunas materias no complejas máximo 2 visitas y comparecencias). Se ha eliminado así la capacidad de investigación y la posibilidad de acuerdo y cumplimiento por parte de las empresas. Con tiempos más cortos, se cerrarán las inspecciones con informes de poca utilidad al trabajador, obligándolo a recurrir a la onerosa vía judicial.

Estas nuevas regulaciones tendrán fuerte impacto negativo. En casos tan complicadas como las de tercerización, la libertad sindical, la negociación colectiva, entre otras, es imposible que con solo dos visitas un inspector pueda constatar la situación de infracción y promover el cumplimiento de las normas. Peor aún será en caso de inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. No creemos viable que con tan solo una visita se logre constatar riesgos para los trabajadores y decidir y aplicar las medidas correctivas necesarias.

Así, todos pierden: las empresas serán multadas sin recibir orientación y asesoría por no cumplir en el plazo inmediato, o por falta de colaboración al no contar con tiempo para brindar toda la información en una diligencia. Los que llevarán la peor parte serán los trabajadores, que no lograrán el cumplimiento de sus derechos.

Para nosotras, desde Nuevo Perú, estas medidas que ahora afectan a SUNAFIL no son aisladas. Nos encontramos en un momento de agresiva política antilaboral, promovida por el empresariado con el objetivo de asegurar la flexibilización del empleo. No lo podemos permitir. Ahora que, a propósito de la crisis política, se discuten reformas profundas a la Constitución, insistimos en nuestra propuesta de Nueva Constitución para defender el trabajo digno.

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