Southern: represalias contra las familias de los trabajadores

El 22 de septiembre acompañamos a una reunión con el viceministro de Trabajo a los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú -FNTMMSP y sindicatos del sector. Allí los trabajadores solicitaron una intervención decidida del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-Sunafil en el caso de los despidos anti-sindicales ocurridos en Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), que constituyen represalias contra los trabajadores que participaron en la huelga nacional minera. Ayer 28 de setiembre los trabajadores despedidos nos informaron sobre los maltratos contra ellos y sus familiares.

Indigna que una de las empresas que genera mayores ingresos para sus propietarios tenga prácticas que no respetan condiciones laborales básicas. Además de los despidos injustificados y antisindicales, a los hijos de los trabajadores despedidos se les ha impedido asistir a su colegio en Cuajone (gestionado por la empresa*) y usar los servicios de salud. Como vemos, no solo se trata de irrespeto a los derechos laborales sino también la afectación a condiciones básicas de educación y salud de las familias.

La empresa está actuando de manera ilegal y está incumpliendo el acta de levantamiento de huelga nacional del sector minero (suscrita el 21 de julio), en la que se compromete a no tomar represalias contra los trabajadores. El Sindicato Unificado de Trabajadores de SPCC y Anexos nos ha informado que, aunque en julio se denunció ante Sunafil la afectación del derecho de huelga, a la fecha no existe sanción efectiva a la empresa. Es un retraso inexcusable, que en la práctica implica la tolerancia de la autoridad de trabajo a este tipo de actos. 

Para el lunes 2 de Octubre, representantes del sindicato y de la empresa han sido citados a una reunión extra proceso (conciliación administrativa a cargo del Ministerio de Trabajo) que debe solucionar el problema de los despidos anti-sindicales con la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos. De no lograrse, ya se ha acordado iniciar una nueva huelga desde el miércoles 4. Un verdadero Estado democrático y de derecho, debe velar por el respeto de los derechos laborales y sociales de todos sus ciudadanos, y evitar abusos de grandes empresas que obtienen cuantiosos beneficios para sus propietarios. Estaremos atentos a la actuación de las autoridades en este caso.

 

(*) Las “instituciones educativas fiscalizadas” de Educación Básica  funcionan en los centros industriales, agrícolas o mineros son sostenidas por los respectivos propietarios o empresas.
Imagen: Trabajadores de Southern durante la huelga de junio 2017. Tarata21