#Referéndum y #NuevaConstitución

La situación actual se nos presenta como un enfrentamiento entre Vizcarra y el fujimorismo encabezado por Keiko Fujimori, a lo más como un conflicto entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. En esta forma de presentar los hechos se deja de lado lo central: es la ciudadanía la que nos urge a dar pasos concretos para limpiar el poder judicial y el ministerio público de corruptos; son las peruanas y peruanas quienes esperan que sus autoridades y representantes sean firmes en dar lugar a los cambios necesarios.

El conflicto de fondo es entre quienes exigen justicia y un Estado al servicio de la gente y quienes desde el Poder se resisten a estas justas demandas populares, anteponiendo sus intereses y la protección de sus líderes, investigados por casos de corrupción y por la poca claridad de los fondos que manejan sus partidos.

Desde que en el Mensaje a la Nación por 28 de Julio el Presidente planteara el referéndum como mecanismo para abrir el camino a las necesarias reformas políticas y del sistema de justicia, el Congreso de la República, dominado por la mayoría fujimorista, no ha hecho más que dar largas.

Aún más: el fujimorismo ha intentado introducir cambios que perjudican el sentido de las propuestas (por ejemplo, el intento de modificar la ley para que el Congreso sea quien elija al Presidente del JNE y la ONPE).

Ahora que el Poder Ejecutivo ha recurrido a la figura de “cuestión de confianza”, el fujimorismo intenta reaccionar en varios frentes. En el Congreso, trata de mostrarse sorprendido, aludiendo a una supuesta voluntad de dar curso a las reformas. En los medios, sus voceros oficiosos se esfuerzan en atribuir al Ejecutivo la intención de un “quiebre constitucional” para concentrar poder.

Lo cierto es que la mayoría fujimorista en el Congreso no ha hecho más que dilatar las reformas y blindar a los corruptos. Ya era hora de que el Presidente reaccione a este bloqueo y responda políticamente al pedido de la ciudadanía, que está harta del comportamiento de los congresistas fujimoristas y de su líder Keiko Fujimori. Somos parte de ese hartazgo hacia conductas contrarias al buen funcionamiento de las instituciones. Estamos hartas de cómo se pervierte la institución parlamentaria, que debe emplearse para servir a la gente y no para maniobrar en función de los intereses de quien fue derrotada en las elecciones.

Los destapes de la profunda corrupción en el CNM y el Ministerio Público, así como las indignantes revelaciones que ha hecho la prensa sobre las relaciones entre el entramado Lava Jato y la clase política peruana durante 5 gobiernos consecutivos nos indica que la crisis no es superficial y no se resolverá únicamente con los proyectos de ley puntuales que serán habilitados por el referéndum de diciembre.

No solo la justicia, sino el conjunto del aparato estatal está secuestrado por intereses mafiosos, muy a pesar de las y los buenos servidores públicos que tratan de sacar adelante programas y planes.

¿Quién puede negar que las obras públicas y las inversiones más importantes de infraestructura y servicios son engullidas por la coima, los contratos amarrados y la mala gestión pública? ¿Quién no ve cómo la salud y la seguridad social son entregadas a privados que hacen imposible curarse, recuperarse y ser productivos? ¿Acaso no hemos visto en sucesivos gobiernos cómo la obligación de garantizar buen empleo y proteger los derechos laborales fue dejada de lado por reformas dictadas por empresarios que solo piensan en sus bolsillos y no en los de los jóvenes que con su trabajo crean la riqueza que solo unos pocos disfrutan?

Esto no debe continuar más. A tres años del Bicentenario, nuestro país necesita un nuevo pacto social para hacer posible el acceso a la justicia, a la dignidad de las mujeres, a la educación y a la salud. Un nuevo pacto social sin corruptos y sin arreglos bajo la mesa. Por eso desde Nuevo Perú, si bien respaldamos las medidas propuestas por el Presidente para enfrentar el impasse con el fujimorismo, creemos que el grito de “reforma ya” debe ser apenas el primer paso hacia un cambio de época en nuestra Patria. Un cambio de época -esa es nuestra propuesta- que requiere un nuevo pacto social que se geste en una Asamblea Constituyente.