No a la reforma laboral a la medida de #CADE

Los ministros de Economía y de Producción han anunciado la próxima publicación de una “Política Nacional de competitividad y Productividad”. Esta política ha sido elaborada sin la participación del ministro de Trabajo y no ha sido consultada con las y los trabajadores.

Las declaraciones del Presidente Vizcarra en CADE no se limitaron a esta política de competitividad, y más bien sugieren la intención de reformas concretas a la legislación actual, en curiosa sintonía con los planteamientos llevados a la conferencia por el Consejo Privado de Competitividad (CPC), cuyo titular es nada menos que Fernando Zavala, ex premier y ex ministro de economía del gobierno de PPK. Veamos algunas de estos planteamientos:

  • Vacaciones de quince días, con un día más por año y diferenciadas por regiones.
  • Contratos temporales sin causa.
  • Flexibilización de la seguridad social.
  • Cálculo de remuneraciones anuales que absorbe beneficios como gratificaciones y compensación por tiempo de servicios.
  • No más reposiciones en caso de despido, incluyendo a dirigentes sindicales y mujeres embarazadas
  • Ceses colectivos con procedimientos más expeditivos y sin el requisito del 10%
  • Utilidades por desempeño y no por trabajo
  • No más arbitraje como medio de resolución de negociaciones
  • Continuación de regímenes especiales discriminadores. Ampliación de los mismos para nuevas contrataciones en pequeña empresa, incluyendo ahora al sector acuícola y forestal.

Tras la CADE el premier Villanueva ha señalado que estas propuestas se discutirán con la CGTP y otros actores sociales. Sin embargo, la CGTP ha desmentido que se le haya convocado.

Nuestra evaluación de las propuestas del gobierno y los empresarios es clara: se trata de la profundización de la reforma emprendida a inicios de la década del 90, cuando el gobierno de Alberto Fujimori impuso la desregulación de las relaciones laborales y la llamada ‘flexibilización’ del empleo.

En los últimos años, la movilización de los jóvenes primero, y la continua crisis política después, les había impedido a los empresarios radicalizar su proyecto desregulador. Ahora tienen de aliado a un gobierno con alta popularidad en las encuestas que se muestra dispuesto a operar una nueva imposición. Exigimos al Presidente Vizcarra que respete el legítimo espacio de diálogo social y que sobre todo, respete los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.