Por qué debe distribuirse gratis la píldora del día siguiente

La distribución del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) es parte de la política pública de salud desde hace más de una década. Si se interrumpió su distribución gratuita en las postas médicas para las mujeres que la necesitaban, fue por la acción de grupos conservadores que actúan dentro y fuera del Estado. Estos grupos iniciaron una acción judicial que se resolvió con un discutible fallo del Tribunal Constitucional que dejó de lado evidencia científica para reemplazarla por argumentos del mundo de la religión y no del derecho.

Pero el Estado en este nuevo período está alineado con esta política: la Defensoría del Pueblo defiende la distribución de la AOE porque es un tema de derechos y salud reproductiva. La nueva Ministra de Salud ha dicho que el hecho que el Estado no esté en capacidad de distribuirla es de una “inequidad supina”. La vicepresidenta y congresista Mercedes Aráoz, con quien no coincidimos en tantos otros temas, reconoce que el acceso al anticonceptivo de emergencia es un asunto de justicia.

Como vemos, no son solo las ONGs que velan por los derechos de las mujeres. No son solo “los de izquierda” o “las feministas” quienes defienden esta causa. Lo que vemos hoy es que los principales voceros del gobierno participan de una amplia coincidencia social respecto a que es abiertamente discriminatorio impedir la distribución gratuita de la píldora, mientras sí está permitido venderla. Es claramente una injusticia que solo pueda adquirirla quien puede pagarla en una farmacia. Así que no es este un asunto de conciencia, sino de justicia. Decir que es un asunto de conciencia es la excusa para que el Estado abandone sus obligaciones con las ciudadanas. Es lo que aún contra la opinión de su propio ministro de salud hizo el gobierno de Alan García en 2009 cuando se allanó al fallo discriminatorio del TC y decidió no acudir a las instancias internacionales para continuar con la política de Estado.

Desde el arbitrario fallo del TC en 2009, durante siete años, miles de adolescentes y mujeres peruanas han visto negado su derecho a prevenir un embarazo no deseado en una situación que es generalmente el producto de la violencia sexual y de la falta de información oportuna. Ahora, gracias a una medida cautelar el Primer Juzgado Constitucional de Lima, el Estado puede continuar la implementación de esta política y garantizar que las peruanas, especialmente las de bajos ingresos, accedan a un método de prevención del embarazo en situación de emergencia. Sin duda, una buena noticia y una medida que respaldo y cuyo cumplimiento me comprometo a fiscalizar.

Indira Huilca