Para los agresores no debe haber beneficios penitenciarios

Recientemente se modificó el Código de Ejecución Penal en materia de beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo o la educación, semi-libertad y liberación condicional. El problema es que esto se hizo mediante un Decreto Legislativo (N° 1296) que por una serie de omisiones dejaba el camino abierto para que agresores sexuales y agresores por lesiones graves en casos de violencia contra la mujer pudieran acogerse a beneficios penitenciarios que no les corresponden, dada la naturaleza de esos delitos.

Para corregir este relajamiento de las sanciones contra los agresores presentamos el Proyecto de Ley 938/2016-CR que modifica el Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños, y adolescentes.

Nuestro proyecto ya ha sido aprobado en primera votación el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo y estamos a espera de que pase a segunda y sea promulgado. Sin embargo, han pasado casi dos meses y la votación aún no se agenda en el Pleno.

Los errores de la reforma que nuestro proyecto de ley va a corregir

El primer lugar es el haber considerado que los agresores sexuales y los agresores por lesiones graves en casos de violencia contra las mujeres tengan el mismo régimen de redención de la pena por trabajo o estudio que otros delitos. Violadores y agresores por lesiones graves están sometidos a un régimen diferenciado de redención de la pena desde 2006 y desde 2010, respectivamente. Esto se dejó de lado en el Decreto Legislativo y debe corregirse cuanto antes.

El segundo grave error de esta reforma es que permite que los violadores -salvo los de niñas/os y adolescentes menores de 14 años- puedan acogerse a las figuras de semi-libertad y a la libertad condicional. Esto es inaceptable, entre otras cosas porque ya existen normas previas que excluyen claramente a los agresores sexuales de estos beneficios, como el Decreto N° 1300 sobre procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas y el Decreto N° 1322 sobre vigilancia electrónica personal. En esos dos decretos se excluye de los beneficios penitenciarios a los diferentes delitos de violencia sexual: todas las violaciones y los actos contra el pudor.

Resolver esta situación mediante la promulgación de la ley que hemos propuesto es urgente. De lo contrario, terribles casos como el de la violación sexual en una discoteca en Santa Anita o el de la adolescente en un hotel en Bagua Grande podrían terminar con los agresores acogiéndose a beneficios penitenciarios, puesto que estos se aplican desde el día siguiente de entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1296 (1 de enero de 2017). Estos beneficios son la semi-libertad y liberación condicional a aquellos que son condenados con sentencia firme y el beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo y la educación a procesados que ingresen a establecimiento penitenciario y para los condenados con sentencia firme desde esa fecha.

Estos son los cambios que propone nuestro proyecto de ley:

Artículo 46º.- Improcedencia y casos especiales de redención de pena por trabajo o estudio. No es procedente el beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o la educación para aquellos internos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077 Ley Contra el Crimen Organizado. Tampoco es procedente para los internos sentenciados por los delitos previstos en los artículos 173 y 173-A. En los casos de internos que hayan cometido los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-B, 153, 153-A, 170, 171, 172, 174, 176-A, 177, 200, 279-G, 297, 317, 317-A, 317-B y 319 a 323 del Código Penal, la redención de pena por el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena por seis días de labor o de estudio, respectivamente. […]

Artículo 50º.- Improcedencia y casos especiales de los beneficios penitenciarios de semi-libertad o liberación condicional […] Tampoco son procedentes para aquellos internos que se encuentran sentenciados por la comisión de los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-B, 152, 153, 153-A, 170 al 174, 176-A, 177, 189, 200, 279-A, 297, 317, 317-A, 317-B, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 346, 382, 383, 384, primer, segundo y tercer párrafo del 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401. […]