#NiUnSolMenos #NiUnDespidoMás

Ayer se comentó fuerte en medios y redes una sentencia de la Corte Suprema de Lima, que establece que es posible reducir remuneraciones por decisión unilateral del empleador. Los medios presentaron la información como algo unívoco (“Empresas pueden rebajar el sueldo a sus trabajadores” El Comercio, por ejemplo) aunque con el correr de las horas matizaron sus afirmaciones. La respuesta de los jóvenes y las “Zonas” no se hizo esperar, renovando la saludable actitud vigilante que mostraron en la exitosa lucha contra el indeseable “Régimen Laboral Juvenil, que fue derogado sin entrar en vigencia.

En el despacho congresal hemos revisado la sentencia y analizado sus implicancias. A partir de ello quiero compartir algunos puntos y conclusiones:

  1. Lo primero que hay que decir es que esta sentencia no es vinculante. Si bien es un mal precedente, jueces y tribunales no tienen necesariamente que seguir el criterio de la Corte Suprema de Lima. Pueden apartarse de él de manera motivada en casos similares. Aunque así lo sugerían en principio casi todos los medios que han recogido la noticia, la sentencia de ninguna manera autoriza a los empleadores a que reduzcan las remuneraciones de sus trabajadores de manera arbitraria.
  2. La “novedad” es que es la primera vez que el fallo de un tribunal favorece a una empresa que redujo unilateralmente la remuneración de un trabajador aduciendo problemas económicos. Un criterio similar al de la Corte Suprema ya había sido reconocido por el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2014 (STC 01.014-P – Caso Ley de Reforma Magisterial), en la cual se señalaba que la reducción de remuneraciones de manera unilateral (no consensuada) es posible siempre que la disminución sea “excepcional” y tenga como fin evitar mayor perjuicio económico.
  3. ¿Por qué son posibles sentencias como esta? Porque la legislación peruana no tiene una regulación adecuada respecto de los casos en que procede la disminución de remuneraciones por motivo de crisis económica de la empresa. Sin una regulación clara, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional interpretan que ya que únicamente se regula como acto de hostilidad la reducción de remuneraciones sin causa (sin motivación objetiva o legal), sí es posible que el empleador decida reducir remuneraciones cuando existe una causa objetiva (crisis económica, por ejemplo).
  4. La preocupación que despiertan las posibles consecuencias de la sentencia indica la necesidad de una reforma legal que apunte a que la evaluación de si existe o no causa objetiva no quede únicamente en manos del empleador. La evaluación podría estar a cargo de ambas partes (empresa y trabajadores) o de un tercero que haga una evaluación técnica y objetiva. Este tercero podría ser el Ministerio de Trabajo.
  5. Por razones similares, también requiere una revisión integral la regulación de los ceses colectivos por causas objetivas. Existe un decreto supremo (DS N° 013-2014-TR) que facilita los ceses colectivos por motivos económicos, al establecer que estos proceden si se cumplen algunas condiciones (tres trimestres consecutivos de resultados operativos negativos para la empresa o si mantener a todo el personal genera pérdidas). Lo que hace falta es regulación acerca de cómo evaluar objetivamente esas causas.

Como vemos el tema de fondo es la necesidad de una regulación que evite la arbitrariedad y el abuso de los empleadores, sea respecto a reducir remuneraciones, sea respecto a despedir colectivamente a los trabajadores bajo el argumento de crisis económica. Si bien podrían existir motivos económicos que requieran medidas de urgencia, estos motivos no deben de ser de ninguna manera pretexto para la arbitrariedad. Una regulación adecuada no solamente evitará la arbitrariedad de las empresas sino que permitirá mayor seguridad en las decisiones judiciales.

La preocupación que ha generado la sentencia tiene que ver con la desprotección de trabajador. Cualquier reforma normativa debe apuntar a resolver eso, y no servir de pretexto para introducir cambios que abran más puertas a la arbitrariedad de los empleadores. Debemos permanecer atentos a este debate y más allá de él, exigir el cumplimiento de los compromisos que el Presidente Kuczynski asumió con los trabajadores durante su campaña electoral.