NiUnaMenos: Reforma de delitos sexuales paralizada en el Pleno debe ser vista en la Comisión Permanente

El tratamiento al caso de violación sexual contra la ciudadana L.E.D.Q. (25) en un bus de transporte interprovincial fue una terrible muestra de la indolencia con que el sistema peruano responde a la violencia sexual contra las mujeres.

El comportamiento de las autoridades de justicia evidencias dos tareas pendientes frente a la violencia sexual. La primera es la reforma normativa que está en espera de aprobación. El 17 de mayo en el Pleno del Congreso se estancó la que debió ser la reforma integral en delitos sexuales más importante de los últimos 10 años. 19 proyectos de ley (entre ellos los PL 1069/2016 y 2070/2017 de la bancada Nuevo Perú) elaborados durante meses fueron truncados por la forzada inclusión de la medida de castración química para condenados a cadena perpetua en cárcel. Con esa medida, nuevamente se privilegia de manera populista acciones dirigidas contra los agresores, en vez de dirigir recursos a la protección de las mujeres.

De haberse aprobado oportunamente esta reforma, los violadores de L.E.D.Q. tendrían una pena de 25 a 31 años por el agravante de atacar a una mujer por su condición de tal, y no la pena vigente hoy que es de 10 a 15 años (artículo 171 del Código Penal – violación de persona a quien se pone en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir). De haberse aprobado la reforma, los agresores no podrían acogerse a beneficios de reducción de la pena o de terminación anticipada, que suelen usarse como vía de impunidad.

La reforma integral en delitos sexuales incluye:

  1.   Especificar en todos los tipos penales que debe considerarse violación la falta de libre consentimiento, y no solo cuando hay violencia o grave amenaza.
  2.  Incluir como agravante de todos los delitos sexuales que haya en el agresor presencia del alcohol o drogas. Hoy ese factor permite por el contrario la rebaja de la sanción. Permite la impunidad de personas que consumen alcohol o drogas para cometer estos delitos.
  3.  Ajustar las penas de acuerdo a la gravedad de los delitos sexuales y corrigiendo disparidades entre las diferentes modalidades de violación y tocamientos. Aumenta la pena cuando la violación sexual se comete luego de haber drogado a la víctima para ponerla en estado de inconsciencia (uso de “drogas para la violación”, artículo 171 cuya pena era antes muy baja). Aumenta la pena a cadena perpetua cuando se viola a cualquier niña, niño o adolescente menor de 14 años como proponían también otros proyectos de ley.
  4.  Incluir como agravante que se registre por medios audiovisuales el delito y/o se difunda por medios como las redes sociales. El caso de la adolescente cuya violación por tres sujetos en un hotel de Tacna fue registrada y transmitida por Facebook Live. Estas conductas deben tener sanción mayor porque registrar la agresión se hace para humillar más a las víctimas.
  5.  Que los juzgados penales se pronuncien sobre la suspensión y extinción de la patria potestad de los agresores: hoy son las víctimas las tienen que abrir otro proceso ante los juzgados de familia para lograr suspender o extinguir la patria potestad de los agresores. Eso atenta contra la economía procesal y es doblemente victimizante.
  6.  Ampliación del recorte de beneficios penitenciarios logrado en julio de 2017 con nuestra Ley 30609: ahora cubre más delitos sexuales, como el delito de pornografía infantil o el de contacto a niños y adolescentes para proposiciones sexuales.
  7.  Eliminar la terminación anticipada y la conclusión anticipada en todos los delitos sexuales, pues son figuras que se usan para rebajar las sanciones a los agresores.
  8.  Cambiar la nomenclatura de delitos que se ha usado por años sin nombrar directamente el eje en la violencia sexual: ya no hablaremos de “actos contra el pudor” sino de “tocamientos no consentidos”; ya no hablaremos de “seducción”, sino de violación a adolescentes mediante engaño. El lenguaje es muy importante en el acceso a la justicia y en la tolerancia social frente al delito.
  9.  Limitación legal expresa para que el error de comprensión de “culturalmente condicionado” no se aplique en delitos sexuales contra menores de 14 años, ni contra mayores de esa edad cuando no haya existido consentimiento, elemento que en adelante definirá los delitos sexuales.
  10.  Exclusión de los delitos sexuales de los plazos para que se configure la reincidencia y habitualidad delictiva.
  11.  Exclusión de los delitos sexuales de la rehabilitación automática al cumplir la condena.
  12.  Imprescriptibilidad en delitos sexuales.

El texto de la reforma integral en delitos sexuales está disponible (con la mención a la castración en el último párrafo del artículo 173)
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Texto_Sustitutorio/Proyectos_de_Ley/TS0046020180517.pdf

La otra tarea pendiente frente a la violencia sexual es la indolencia del sistema de justicia. He solicitado al Ministerio Público información sobre el proceso disciplinario abierto a las/los integrantes de la 23 Fiscalía Provincial de Lima por las irregularidades cometidas en procesamiento del caso de la agresión a L.E en el bus de la empresa Transporte Palomino.

Lo sucedido a esta joven revela la total falta de empatía en la atención a las víctimas, sobre todo cuando éstas son mayores de edad. Aunque todas las opiniones legales coinciden en la pertinencia de la investigación fiscal en Lima, ciudad de arribo del bus donde se cometió el delito y donde se recogieron las primeras pruebas, el caso fue derivado a Nazca para conocimiento de la Fiscalía Corporativa de esa ciudad (Distrito Fiscal de Ica). Esta asignación de competencia es una traba para el proceso y para el acceso de la víctima al proceso. Las leyes se hacen realidad y se hacen legítimas según cómo se aplican. Es hora de cambiar la práctica que revictimiza a quienes denuncian. Más empatía, menos formalismo.