#NiUnaMenos un año después

Ha pasado un año de la multitudinaria marcha #NiUnaMenos #13A. El rechazo a la violencia que expresó esta movilización ha sido un importante motor para poner en agenda los derechos de las mujeres y lograr importantes avances. En este año, me desempeñé como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República y en ese cargo he tenido no solo la obligación, sino la gran oportunidad de proponer y debatir leyes, de fiscalizar servicios y de hacer un seguimiento a las medidas que implementaron otros poderes del Estado en respuesta a la situación de violencia a la que están expuestas las mujeres, en particular, la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364). Por eso creo que es importante presentar un balance a la ciudadanía, especialmente a las miles de mujeres, compañeras, que continúan tareas de organización y movilización bajo la bandera de #NiUnaMenos.

En agosto de 2016 presenté mi primer proyecto de ley (Proyecto de Ley 176/2016-CR) para que, haya o no lesiones, la violencia contra la mujer sea considerada un delito. Como se recuerda, la impunidad en las resoluciones judiciales de los casos de Arlette Contreras y Lady Guillén, motivó que los ojos de la ciudadanía se dirigieran al Poder Judicial. Tras la marcha #NiUnaMenos este Poder del Estado creó una Comisión de Justicia de Género, para proponer cambios dirigidos a que los casos de violencia sean adecuadamente juzgados. Luego, en marzo de 2017 la Corte Superior de Justicia de Lima Sur inauguró el primer “Módulo Judicial Integrado en Violencia de Género”. Recientemente le he escrito al Presidente del Poder Judicial para hacerle notar que haberle cambiado el nombre a “Módulo Judicial Integrado en Violencia Familiar” es un retroceso que recorta el alcance de la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Ley N° 30364), que debe aplicarse más allá del ámbito familiar.

En septiembre de 2016, el gobierno de PPK solicitó al Congreso una delegación de facultades para legislar en favor de la seguridad ciudadana. Ello representó una oportunidad de producir mejoras penales, procesales penales y de beneficios penitenciarios en materia de violencia de género, particularmente contra las mujeres y violencia contra integrantes del grupo familiar, dos de los graves problema de seguridad a los que está expuesta la población, más allá del delito callejero y de la violencia derivada de la comercialización de drogas.

Con informe en contra de la Comisión de Justicia y DDHH (presidida por el oficialismo) e informe a favor de la Comisión de la Mujer que yo presidí, el Congreso entregó las facultades. Así, en enero de este año entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1323 contra la violencia  de género. A partir de este decreto, la explotación sexual, el trabajo forzado y las agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar ya se consideran delitos. También con este decreto se amplió la protección contra la violencia psicológica y la violencia patrimonial.

Hace un mes el Congreso aprobó una importante ley, que nació del proyecto de ley que propuse en febrero de 2017: la Ley 30609, que modifica el código de ejecución penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños y adolescentes. Gracias a esta ley, desde el 20 de julio, los agresores y violadores tendrán un régimen de redención de la pena más estricto que el general y no podrán acceder a la libertad condicional (http://www.indirahuilca.pe/ley30609/).

Ahora, si bien las normas han mejorado, su aplicación es un todo un reto. Durante el año, he supervisado cómo se atienden los casos de violencia contra las mujeres en las comisarías de Lima Metropolitana y cuánto realmente se conoce en estos establecimientos acerca de las normas que protegen los derechos de denunciantes y víctimas. Lo más alarmante allí es cómo asume la Policía Nacional del Perú su tarea de proteger a las denunciantes. Las llamadas “medidas de protección” que deben implementarse tras una denuncia no se cumplen: no existe en las comisarías clara identificación de las víctimas que deben ser protegidas, no hay un número especial al que puedan llamar si son amenazadas o si vuelven a ser agredidas, en mucho casos ni siquiera se tiene un mapa en el que figure el domicilio de las víctimas que en teoría, están bajo medidas de protección de la policía local al contar con pronunciamientos judiciales para el resguardo de su seguridad. Eso no tiene sentido. Solo resulta en impunidad para los agresores y en desconfianza de las víctimas en el sistema.

Aunque es evidente la necesidad de capacitar más y mejor a la Policía Nacional para entender y atender mejor las causas de la violencia y discriminación que sufren las mujeres, el Congreso de la República impidió que se incorpore el enfoque de género en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y en la Ley de la Policía Nacional del Perú (decretos 1266 y 1267, respectivamente). En todas las instancias posibles pedimos a la mayoría congresal y sus aliados que enmendaran su posición, pero no lo conseguimos.

Otros tres Decretos Legislativos sufrieron el mismo recorte:  el 1325 sobre reestructuración del INPE, el 1348 sobre Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y el 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Por ello hemos denunciado que estamos ante una campaña de desinformación frente a “el cuco del género”.

No obstante estos reveses, en la Comisión de la Mujer y Familia hemos aprobado dictámenes que apuntan a fortalecer el marco legal contra la violencia. El 25 de noviembre próximo, previo dictamen de la Comisión de Justicia y DDHH, el Pleno del Congreso deberá aprobar dichas mejoras, entre ellas, sancionar con más gravedad la violencia que se produce en estado de ebriedad. También deben aprobarse mejoras referentes a la ejecución de las medidas de protección, el acceso a la justicia en zonas rurales, la reconversión de fiscalías de Familia a fiscalías especializadas en la materia y el diseño de un programa Presupuestal por Resultados especial para que los diferentes sectores del Estado cumplan con su tarea para acabar con la violencia.

Para enfrentar la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, que es otra de las modalidades de violencia que afecta particularmente a las mujeres, he presentado junto con la congresista Karla Schaefer un proyecto de ley para fortalecer la penalización de las distintas formas de explotación sexual y así contribuir a la eficacia del Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas, recientemente aprobado por el Ejecutivo. Ello ha sido posible en el marco del Grupo de trabajo sobre respuesta integral frente a la trata de personas de la Comisión de Mujer y Familia.

Otro asunto preocupante y doloroso es la realidad de las desaparecidas. Ha pasado un año de #NiUnaMenos y también casi un año desde la desaparición de Solsiret Rodríguez, joven compañera que convocó y participó en la marcha #13A. Tampoco avanza la investigación policial en torno al paradero de la joven ingeniera Shirley Villanueva. Es claro que el Estado no tiene una buena respuesta cuando una familia denuncia la desaparición de una madre, una hija, una hermana, muchas veces en contexto de violencia de género. En este nuevo período legislativo, con la experiencia de acompañar a familias que viven esta terrible situación, presentaré una iniciativa legislativa. Tenemos mucho por andar. Movilizarse este #12A es reafirmarnos en el rechazo a la violencia que recorta derechos, que frustra vidas, que arranca sueños. #NiUnaMenos.

[Imagen: Johny Laurente/ Andina]