Defender el derecho a negociación colectiva en el Estado

El derecho a la negociación colectiva es reconocido en la Constitución Política peruana y está garantizado en los convenios internacionales ratificados por nuestro país. Junto a la seguridad social y la política fiscal, este derecho es uno de los principales mecanismos diseñados por los Estados modernos para mejorar los niveles de igualdad y bienestar social.

Sin embargo, el propio Estado peruano niega de manera sistemática la negociación colectiva en materia económica y salarial. No se ha regulado el derecho de los trabajadores estatales a negociar colectivamente y se prohíbe acordar cualquier tipo de incremento salarial vía negociación colectiva. Esta prohibición de negociar contenido salarial se ha establecido en las Leyes de presupuesto público de los últimos años, y continúa presente en el proyecto de Ley de presupuesto para el 2018.

Es cierto que la negociación colectiva en el Estado tiene particularidades, pues tiene que ver con las previsiones presupuestales. Sin embargo ello no debe conducir a la prohibición casi absoluta de un derecho constitucional como es la negociación colectiva. No regular bien el procedimiento lleva a mecanismos informales de negociación a la larga, a conflictos y malestar social.

Desde que llegamos al Congreso de la República, hemos insistido en la necesidad de reconocer el derecho a la negociación colectiva en el Estado y de regular adecuadamente su tramitación. Cuando el año pasado se debatió la Ley de Presupuesto 2017 cuestionamos la prohibición de incrementos salariales vía negociación colectiva. El 15 de febrero de este año presentamos el Proyecto de Ley N° 965/2016-CR, que reconoce y regula el derecho a la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras del Estado. Este proyecto lo preparamos atendiendo a las propuestas de las organizaciones de trabajadores del Estado más representativas, como CITE y UNASSE, afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del Perú. Nuestro proyecto de Ley reconoce el derecho a la información y a la representación legítima de intereses como condiciones para una negociación colectiva institucionalizada y eficaz. Reconocemos también los principios de autonomía colectiva, buena fe negocial, respeto de las competencias atribuidas constitucionalmente, así como la previsión y provisión presupuestales.

Es urgente regular la negociación colectiva en el Estado, pues no es solo un mecanismo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino también un reconocimiento de los trabajadores como interlocutores, con lo que se promueve un mejor servicio público. En un contexto en el que la corrupción afecta a la gestión pública, generar espacios de negociación informada ayuda a que trabajadores y trabajadoras estatales tengan un rol de fiscalización.

Ante nuestras reiteradas insistencias, ha sido programado para hoy martes 14 de noviembre en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República el debate y aprobación del dictamen sobre negociación colectiva en el Estado, recaído en seis proyectos de Ley. El Congreso de la República debe avanzar en el reconocimiento del derecho constitucional de negociación colectiva, cuya adecuada regulación beneficiaría a más de un millón de trabajadores y trabajadoras, además de generar un servicio público más eficiente y oportuno.