Ley Pulpín express

La Comisión Permanente (que reemplaza al pleno en este período) aprobó ayer el Proyecto de Ley N° 1215/2016-CR presentado por Fuerza Popular a iniciativa de la congresista Bartra y aprobado con votos de las bancadas PPK, APP, APRA y AP, y el rechazo del grupo parlamentario Nuevo Perú. Afirmamos que se trata de una ley express ya que se le exoneró de segunda votación por la Junta de Voceros .

El Proyecto propone crear una modalidad formativa adicional a las existentes, denominada “experiencia formativa en situaciones reales de trabajo”. Esta se permite que alumnos de centros de educación técnico – productiva y de institutos de educación superior tecnológicos, desempeñen “voluntariamente” funciones en “situaciones reales de trabajo”.

El período de duración del convenio para esta modalidad no podrá exceder las 448 horas en un período máximo de 3 años, durante los que el joven se obliga a cumplir las tareas asignadas y diseñadas dentro del programa previsto. La modalida es gratuita y no goza de reconocimiento de ningún derecho laboral, ni remuneración mínima, ni seguro de salud, ni protección frente a riesgos de trabajo a cargo de la empresa.

El carácter voluntario de la modalidad está en cuestión ya que el proyecto establece que será parte del programa de la institución educativa, bajo un convenio tripartito (institución educativa, empresa y joven). Además esta modalidad sería una obligación para graduarse. Es resumen: el estudiante paga a su instituto, recibe la “formación” y debe dar trabajo gratuito.

Actualmente, el tratamiento extra laboral que tienen las modalidades formativas, ya conduce a que sean un mecanismo para contratar jóvenes en condiciones precarias. Según la regulación actual, a las modalidades formativas se les reconoce apenas un seguro privado con menor cobertura y mitad de derechos como gratificaciones y vacaciones. Si contamos con que la supervisión laboral en este sector es casi nula (SUNAFIL), ¿quién supervisará que se cumpla por ejemplo con la cantidad de horas máximas de trabajo formativo?

La tendencia internacional es equiparar las modalidades formativas a relaciones laborales con igualdad de derechos. Su función formativa no las debe eximir de derechos laborales. Desde la OIT hasta la OECD recomiendan que las labores de formación no excluyan del acceso a derechos laborales ni a seguridad social.

No pagar siquiera la subvención mínima establecida por Ley, no califica en el estándar internacional de trabajo digno o decente, y como ya lo han señalado algunos especialistas podría cuestionarse su constitucionalidad.

La congresista Bartra señaló que actualmente los jóvenes de institutos técnicos no pueden aplicar a prácticas como sí lo hacen los de instituciones de educación superior. Eso no es cierto. El propio Ministerio de Trabajo reconoce que sí es posible que los jóvenes de centros de formación técnica puedan a acceder a prácticas y para ello basta que estos centros realicen los convenios respectivos. De ser así deben aplicar el régimen general de formación laboral.

Desde un punto de vista procedimental la aprobación de este proyecto es también cuestionable, ya que solo se aprobó en la comisión de educación y se exoneró de debate en segunda comisión (que debió ser la comisión de trabajo). El dictamen no cuenta con ningún informe sectorial o especializado a favor, no tiene opiniones de los sectores involucrados y solamente cita un informe de la SUNEDU en la que señala que no es competente para pronunciarse. A pesar de ello, se tramitó rápidamente en la Comisión Permanente lo que impidió su discusión en pleno, y se aprobó con exoneración de segunda votación. Es decir, una Ley Pulpín Express. Y sin reconocimiento de derechos laborales.

La congresista Bartra, ante el rechazo que ha provocado su proyecto en la opinión pública, ha afirmado que lo retirará “para un mayor debate”. Corresponde estar atentos. No es la primera vez durante este Gobierno que se ha pretendido aprobar una Ley que con el pretexto de promover el empleo y la formación juvenil busca reducir (y ahora eliminar) derechos laborales.