Seguridad laboral en Las Malvinas, ¿qué se hizo mal?

El Ministro de Trabajo Alfonso Grados busca limitar su responsabilidad respecto de los afectados y víctimas del incendio en la Galería Nicolini en Las Malvinas, donde familiares de trabajadores desaparecidos han denunciado que ellos estaban laborando encerrados en contenedores.

El Ministro señala no haber recibido ninguna denuncia de los trabajadores por incumplimiento de normas laborales o de seguridad y salud en el trabajo, y que su sector no está en condiciones de cubrir la alta informalidad laboral que existe en el país. Al respecto, es necesario señalar que la función de fiscalización laboral ha sido debilitada de manera significativa por este gobierno, tanto a nivel normativo como en la práctica. Veamos.

SE DEBILITARON LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN

Este año se dieron al menos tres modificaciones normativas en desmedro de las inspecciones laborales (DS N° 007-2017-TR del 31-05-17 modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo):

  1. solo se programa una inspección al año respecto de una misma empresa por un mismo caso,
  2. cuando se den varias infracciones sobre un mismo caso solamente se aplicará la multa más alta,
  3. se reducen los montos de las multas.

Además, el actual gobierno ha enviado un Proyecto de Ley al Congreso para no permitir inspecciones laborales cuando existen procesos judiciales sobre el caso denunciado (Proyecto de Ley N° 1437/2016-PE). Recordemos que este gobierno eliminó el registro de contratos de trabajo (DL N° 1246 de “simplificación administrativa”) Este registro es importante porque les permite a muchos trabajadores, a quienes no se les entrega copia de sus contratos, demostrar que tienen relación laboral y en consecuencia la protección correspondiente. En el Congreso hemos logrado restituir este registro y está pendiente su publicación por el Gobierno.

Son de conocimiento público las recientes protestas de los inspectores de trabajo. Justamente lo que reclaman es el fortalecimiento de la SUNAFIL y la contratación de más inspectores o su regularización. La SUNAFIL no tiene intendencias constituidas en 14 regiones del país, no cuenta con la cantidad de inspectores requeridos (estamos muy lejos del estándar internacional), y el Estado no reconoce derechos laborales básicos a los propios inspectores.

El argumento del ministro para no fortalecer la función inspectiva es la falta de presupuesto. Sin embargo, el gobierno está promoviendo un Proyecto de Ley de Empleo Juvenil que subsidia el aporte de las empresas a ESSALUD con cargo al presupuesto del Ministerio de Trabajo, ya bastante exiguo.

SE ABANDONÓ EL PLAN DE INSPECCIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO

El Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL tienen la competencia para hacer inspecciones de oficio. No se necesita una denuncia, sobre todo en zonas donde se sospecha que hay alta informalidad, riesgo de siniestros, casos de trabajo forzoso o trata de personas. Para ello se requiere decisión política. La Autoridad de Trabajo podría hacer requerimientos masivos a las empresas sobre su situación laboral, las nuevas tecnologías lo permiten, y en nuestro país muchas instituciones hacen este tipo de requerimientos.

En el año 2015 se empezó a implementar un plan para verificar las condiciones laborales en zonas de alta informalidad, denominado Plan del Cuadrante Inspectivo (Resolución de Superintendencia N° 131-2015-SUNAFIL). Este plan incluía un equipo de trabajo que debía “focalizar y canalizar los esfuerzos públicos y privados conjuntos en el cuadrante, contribuyendo así a reducir de manera efectiva y sostenible los altos niveles de informalidad laboral”. ¿Cuál es la situación actual de esta iniciativa? Según información de los dirigentes sindicales de la SUNAFIL el referido equipo ha sido desactivado y el plan no se aplica. Y no solo eso: las inspecciones de oficio se han reducido significativamente respecto de períodos anteriores.

LA MUNICIPALIDAD DE LIMA SE PUSO DE PERFIL

Si bien las competencias de fiscalización y sanción en materia laboral están a cargo de entidades especializadas como el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL, se debe de considerar que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene como una de sus competencias la gestión de riesgos. Por tanto, las responsabilidades de fiscalización y control son compartidas. Esperamos que siniestros como este motiven una verdadera mejora de la supervisión de las actividades económicas y laborales en la ciudad y el país.

Un paso fundamental para reducir la informalidad laboral y generar condiciones dignas y seguras de trabajo es que las autoridades asuman sus responsabilidades y no las oculten o nieguen. El Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL no deben limitar su obligación de fiscalización laboral, menos en casos de graves vulneraciones a la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras.