Informe del PJ a la Comisión de la Mujer

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, presidida por la Congresista Indira Huilca, recibió a la magistrada Elvia Barrios, quien informó el trabajo del Poder Judicial respecto a la sanción de los delitos de feminicidio y trata de personas, así como sobre los avances en la implementación de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Barrios asistió en representación del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, junto con la magistrada Columba del Carpio Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Programa Presupuestal por Resultados Celeridad de los procesos judiciales de Familia (PpR-Familia) del Poder Judicial.

Avances en capacitación de jueces y gestión de información sobre violencia de género

Barrios informó que el Poder Judicial cuenta con un proyecto de interoperatibilidad (Resolución 059-2015-CE-PJ) con el Ministerio Público y la Policía Nacional, es decir, mecanismos de información compartida y actuación coordinada entre estas instancias, incluyendo un Sistema de Código Único de Operación para agilizar los procedimientos. Asimismo, la magistrada señaló que la Comisión de Justicia de Género del PJ está trabajando un sistema informativo abierto a ciudadanía que permita acceder a  información actualizada.

Respecto a la preparación del personal judicial para el tratamiento de delitos de trata, Barrios señaló que se han capacitado 2061 jueces y juezas a septiembre de 2016. Para profundizar avances en esta área, así como en materia de estadística y jurisprudencia se requiere una asignación presupuestal de alrededor de 100 mil soles.

Avances en la implementación de la Ley 30364

En relación a la aplicación de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se informó que el Poder Judicial cuenta con un plan anual de capacitación de justicia de género, en cuyo marco se han realizado talleres sobre reglamento de la ley, medidas de protección y el congreso nacional de juezas.

Con los 13 millones de soles recibidos por el PJ con cargo a la implementación de la citada Ley, se han creado 24 juzgados en 20 distritos judiciales y desarrollado programas de capacitación con intercambio de experiencias entre juzgados. En cuanto a la gestión de información, se ha implementado un sistema de notificaciones judiciales y aplicativos como los de registro de audiencias, de agenda judicial electrónica, de visualización de audiencias y un registro de víctimas en las que se indican las medidas de protección y medidas cautelares por cada caso. Asimismo, se ha logrado establecer un protocolo para la recepción de denuncias verbales en los juzgados. No obstante, para responder a los retos de la Ley 30364, el PJ calcula que serán necesarios 82 millones de soles, cifra bastante lejana de los 13 actualmente asignados.

Barrios detalló otras dificultades para la implementación de esta ley, como la escasez de defensoras/es públicos para las víctimas de violencia y la falta de hogares de refugio para casos de riesgo en todas las Cortes de Justicia. Además remarcó la urgente necesidad de aprobar el instructivo policial para la recepción de denuncias, en la medida que esto afecta la solidez de las investigaciones que llegan al PJ. Sobre este aspecto, las congresistas Huilca, Ananculí y Takayama explicaron que durante sus visitas de inspección a diversas comisarías del país pudieron constatar que no existe un procedimiento común de atención a denunciantes de violencia de género.

Durante la semana de representación por Lima, la congresista Huilca visitó sin previo aviso las comisarías de dos distritos. En San Juan de Lurigancho visitó las comisarías de La Huayrona, Canto Rey y la comisaría de Familia, y en Villa El Salvador visitó las comisarías de Villa El Salvador, Pachacamac y la Comisaría de la Familia. Allí constató las deficiencias en la organización para la atención de las denuncias y las medidas de protección, la falta de recursos logísticos y humanos, y la necesidad de procesos efectivos de capacitación del personal policial para atender casos.

Nuevo antecedente para casos de trata

Barrios refirió que el PJ ha producido una nueva sentencia de trata que protege los derechos de las víctimas, a diferencia de la emitida en Madre de Dios y ratificada de manera polémica por la Sala Penal Permanente presidida el juez Villa Stein e integrada por los vocales Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana, Hinostroza Pariachi y Neyra Flores. La sentencia suprema, emitida en septiembre por la Sala Penal Transitoria presidida por el juez César San Martín señala precisiones del delito de trata enfatizando que no se requiere consentimiento previo de la víctima pues debe considerarse la especial vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto contra una sentencia que confirmó la condena por delito de trata en agravio de dos adolescentes de 14 y 15 años en Junín. La Sala Penal Transitoria que emitió dicha sentencia estuvo integrada por los vocales Prado Saldarriaga, Salas Arenas, Príncipe Trujillo y la vocal Elvia Barrios.

DATOS.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 30364 en diciembre de 2015  se han registrado 170 mil denuncias. Antes de la ley se recibían 6983 casos al mes. Tras su puesta en marcha, esta cifra creció hasta los 18880 casos, lo que sugiere que un enorme porcentaje de casos no llegaban al PJ.

De acuerdo al PJ, del universo de denuncias recibidas, 81% de agraviadas son mujeres, 8% otros integrantes del grupo familiar, de los que 11% son niños y niñas. 43% de los casos son por violencia física, 49% por violencia psicológica, 7% sexual y un 1% violencia económica. Para atender estos casos, se cuenta con solo 171 juzgados de familia a nivel nacional, además de los 184 mixtos y 26 civiles que también pueden procesarlos, a costa de postergar su carga habitual o de no tratarlos adecuadamente

Por otro lado, entre 2014 y lo que va del año 2016 el Poder Judicial emitió 73 sentencias condenatorias por trata de personas y 148 por delito de feminicidio.