#28S Despenalización del aborto, debate necesario

Por iniciativa del movimiento de mujeres, desde hace casi tres décadas, el 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe. Es una fecha para promover acciones con miras a para sensibilizar a la sociedad e incidir en el debate público sobre las graves implicancias de salud pública, de afectación de derechos, de justicia social y  de igualdad de género que ocasiona la realidad del aborto inseguro por su ilegalidad.

Hace unas semanas vimos cómo la ilegalidad del aborto ocasiona barreras muy concretas en el acceso a la salud gineco obstétrica. En un hospital de ESSALUD de la región Abancay se colocó un aviso en el que se anunciaba que toda paciente con diagnóstico incompleto sería comunicada a la policía de turno. En nuestro país en el que el aborto inseguro es causa de muerte materna, el mensaje prioriza la advertencia de persecución del delito, en lugar de la atención de las mujeres tienen en riesgo su vida y su salud. Todo esto se da en el contexto de la criminalización del aborto.

En el Perú solo es legal el aborto si es “practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente” (artículo 119 del Código Penal). Desde 2014 contamos con un protocolo sanitario para el acceso a este tipo de interrupción del embarazo.

Pero ¿qué hay de los otros tipos de aborto? Dice la ley nacional que una mujer que interrumpe su embarazo será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años (artículo 114 del Código Penal), salvo que haya sido violada fuera de su matrimonio o cuando el embrión tenga al nacimiento graves deficiencias físicas o psíquicas: en esos casos la pena privativa de libertad será no mayor de tres meses (artículo 120 del Código Penal). Si es violación dentro del matrimonio y una mujer aborta, la pena es la más alta, no la de tres meses.

Estas normas vigentes hace más de 25 años no han disminuido la incidencia de la problemática, pero sí han expuesto a quienes han practicado abortos a condiciones inseguras que afectan principalmente a las mujeres con menos recursos económicos. Un aborto es inseguro cuando se practica por personas que carecen de habilidades y formación o cuando se hace en un ambiente son los mínimos estándares sanitarios.

En todo el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se producen al año 25 millones de abortos inseguros, que representan el 45% de todos los realizados en el mundo. En América Latina solo 1 de cada 4 abortos es seguro y esto impacta en la salud de las mujeres y las posibles complicaciones. En América Latina muchas mujeres se auto administran en secreto medicinas como el misoprostol fuera del sector formal de salud y eso no cumple los estándares mínimos de la OMS.

Este es el contexto en el que debemos debatir cuál es la mejor forma en la que el Estado, a través de sus normas y políticas, debe velar por el derecho a la salud de las mujeres. Es imprescindible contar con educación sexual integral y una amplia disponibilidad de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados. Prevenir la violencia de género que resulta en embarazos por violación también es sumamente necesario: no queremos niñas, adolescentes y mujeres madres contra su voluntad; es parte de proteger a nuestra infancia que aseguremos que nuestras niñas y adolescentes no tengan que enfrentar las consecuencias de un ataque contra lo más profundo de su ser y que afecta su desarrollo.

Frente a esta realidad, desde mi labor legislativa, he presentado junto con otros/as congresistas el Proyecto de Ley N° 387/2016-CR que propone:

• Despenalizar el aborto practicado, con consentimiento de la mujer, por un/a médico/a en dos casos: 1. cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violación sexual o de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentida; y 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina, certificada por un médico/a;
• Fortalecer las políticas públicas que inciden en la sexualidad y la reducción de la violencia como:
• Implementar los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral para profesores y tutores de la Educación Básica Regular, en todas las instituciones educativas. La apuesta por educación sexual basada en evidencia científica y desde los enfoques de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad es clave para decisiones informadas
• Desarrollar marcos institucionales, protocolizar procedimientos y asignar presupuestos para la atención a las personas sobrevivientes a la violencia, la trata y explotación sexual. Esto incluye hogares temporales de refugio, asesoría y defensa legal gratuitas, anticoncepción oral de emergencia y profilaxis de VIH, atención psicológica, entre otros.
• Asegurar la disponibilidad de políticas públicas de salud sexual y salud reproductiva para las y los adolescentes, incluyendo servicios diferenciados e integrados.
• Asegurar que todas las instituciones del sistema de salud público y privado cumplan con la obligación de proveer servicios de aborto no punible.
• Crear una obligación de reporte anual al Congreso de los avances en la implementación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrante del Grupo Familiar, creado por la Ley N° 30364, y
• Fortalecer la prevención para cambiar los patrones socioculturales que reproducen relaciones de discriminación y subordinación de lo femenino y de las mujeres en su diversidad.

Busco que el Congreso, y la sociedad en general, reflexione en torno a la necesidad de implementar una respuesta integral frente a la salud sexual y reproductiva y a la protección de la violencia. Despenalizar el aborto en casos de violación y de graves malformaciones fetales que hagan inviable su vida extrauterina es un componente de la respuesta para asegurar que más mujeres puedan acceder a los servicios sanitarios públicos y privados como sucede hoy con el aborto terapéutico. El proyecto ha sido decretado a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Constitución y Reglamento, que tienen el encargo del debate y la aprobación.

También, desde mi labor legislativa, he preparado un proyecto de ley para la garantía del acceso de las mujeres a los servicios de salud públicos y privados, particularmente los de gineco obstetricia y emergencia. Propongo que se modifiquen los artículos 3 y 30 de la Ley General de Salud para evitar avisos como los del hospital de ESSALUD de la región Abancay y que son una barrera que desincentiva a las mujeres de acudir a los servicios de salud de emergencia para resguardar su integridad y vida. Propongo asimismo que en el marco de la atención sanitaria se respete el derecho fundamental al secreto profesional.

El #28S es una oportunidad para pensar en cambios legales e institucionales. En ese camino está mi compromiso. #NiMuertasNiPresas #AbortoLegal