Asegurar la sanción efectiva contra agresores

En un contexto en que los congresistas de la República estamos dedicados al control político de los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo en virtud de la delegación de facultades concedida en octubre, asistí el 3 de febrero último a la sesión de la Comisión de Constitución para pedir que se revise el informe del Grupo de Trabajo sobre el Decreto Legislativo N° 1296, ya que no se ha considerado que dos de sus artículos (el 46 y el 50) contravienen directamente el mandato de la ley autoritativa de la delegación.

El Decreto legislativo Nº 1296 “modifica el código de ejecución penal en materia de beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo o la educación, semilibertad y liberación condicional”; es decir, es una de las normas que regulan las condiciones bajo las cuales condenados con cárcel pueden acogerse a beneficios como reducciones de tiempo de prisión y libertad condicional.

En octubre pasado el Poder Ejecutivo recibió facultades para: “modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente de los beneficios penitenciarios, para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños, y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos” (artículo 2, literal a de la Ley N° 30506, segunda parte).

Nosotras sostuvimos que dos artículos del decreto promulgado no protegen frente a la violencia familiar y de género, ya que como explicaremos más adelante, no incluyen por ejemplo a los delitos contra la libertad sexual entre aquellos casos en los que hay un régimen especial de redención de la pena por trabajo o estudio. En resumen: el decreto podría habilitar a agresores sexuales condenados a obtener reducciones de pena como en cualquier otro delito, algo que no pasaba antes de la reforma realizada por el decreto legislativo 1296 en la que tenían un régimen especial.

Lamentablemente, nuestra posición no fue acogida en el grupo de trabajo de la Comisión, votándose su aprobación por mayoría, con mi voto en contra y la invitación de los miembros y la presidencia a formular un proyecto de ley de modificatoria que incorpore las observaciones que presenté. Aquí pueden ver el video del debate.

“Leyes que cambian vidas” es la frase con la que el Gobierno promociona los cambios realizados a través de su paquete de decretos legislativos, pero con estos dos artículos las vidas que mejoran son las de los agresores, no las de las víctimas. Veamos.

ARTÍCULO 46

Contiene dos aspectos a cuestionar desde el Congreso porque no se ajustan a la ley que autorizamos para que el Ejecutivo legisle. En el primer párrafo se mencionan los delitos en los que no procede el beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo o estudio. Y allí no se incluyen explícitamente los delitos de violación sexual de menor de edad (Art. 173 del Código Penal) y violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (Art. 173-A del Código penal). Para estos delitos no son aplicables los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 28704 publicada el 5 de abril de 2006.

Por otro lado, en el segundo párrafo del mismo artículo 46 se listan los delitos que son casos especiales para la redención de la pena por trabajo y estudio, pero no se ha incluido dentro del listado de casos especiales el artículo 121-B sobre lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar, que antes del decreto 1296 sí figuraba como uno de los delitos previstos como caso especial de redención de la pena por el trabajo o la educación con la modificación establecida por el artículo 2 de la Ley Nº 29604, publicada el 22 octubre 2010.

El decreto 1296 omite todo ello. Asimismo, en este artículo 46 (segundo párrafo) tampoco se ha incluido como caso especial de redención los delitos de violación sexual (artículo 170 del Código Penal), violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (artículo 171), violación de persona en incapacidad de resistencia (artículo 172), y violación de persona bajo autoridad o vigilancia (artículo 174) que sí estaban incluidas como un caso especial de redención desde el artículo 3 de la Ley N° 28704, del 5 de abril de 2006.

ARTÍCULO 50

Respecto del artículo 50, el problema es que no se excluyen de los beneficios penitenciarios de semi-libertad y liberación condicional los delitos de violación sexual (artículo 170 del Código Penal), violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (artículo 171), violación de persona en incapacidad de resistencia (artículo 172), violación de persona bajo autoridad o vigilancia (artículo 174), actos contra el pudor de menores de edad (artículo 176-A) y formas agravadas de violación (artículo 177).

Aunque la ley autoritativa señala expresamente que las modificaciones en la regulación de los beneficios penitenciarios deben “combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños, y adolescentes, independientemente del vínculo de parentesco con los agresores y víctimas de dichos delitos”, no se han tomado en cuenta siquiera los mismos delitos que sí aparecen en las exclusiones de otros decretos legislativos sobre beneficios penitenciarios (por ejemplo, el DL Nº1300 sobre procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas- artículo 3; o el DL Nº1322 sobre vigilancia electrónica personal-artículo 5).

De este modo, no solo se contraviene la ley autoritativa, sino también el artículo 2.2 de la Constitución, al no haber justificación objetiva y razonable para que los agresores en los delitos no considerados en el decreto 1296 reciban un trato más benigno que el de agresores de otros delitos (por ejemplo, feminicidio), menos aún si antes tenían beneficios menores que los que se les concede ahora. Tampoco se justifica que la lista de régimen especial de beneficios penitenciarios de redención de la pena por trabajo o educación sea diferente de aquella que corresponde al beneficio de semilibertad o liberación condicional.

Como vemos, los cambios realizados no favorecen la lucha contra la violencia familiar y de género, sino que dejan sin protección a las víctimas de ciertos ilícitos penales porque declaran la procedencia de beneficios penitenciarios cuando antes no procedían o no los consideran como casos especiales (como sí hacía la regulación previa); más aún si, como en el caso de la redención de la pena por estudio o trabajo en casos de violación sexual existía regulación previa sobre su improcedencia o régimen especial dependiendo del delito sexual específico.

¿Qué se requiere modificar para proteger a las víctimas, que en su mayoría son mujeres y niñas/os?

Lo que se solicitó a la Comisión de Constitución fue que se varíe el informe del grupo de trabajo por uno que incluya la modificación de los artículos 46 y 50 del Código de Ejecución Penal incluidos en el DL 1296:

1. SE MODIFIQUE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 mencionando expresamente que en los delitos de violación sexual de menor de edad (artículo 173 del Código Penal) y violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave (artículo 173-A del Código Penal) no procede el beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo o educación.

2. SE MODIFIQUE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 para que se incluyan como caso especial del beneficio penitenciario de redención de la pena por trabajo o educación los delitos relacionados a la violencia familiar y de género que están en los Decretos Legislativos N° 1300 y N° 1322: esto son las lesiones graves por violencia contra las mujeres y el grupo familiar (artículo 121-B del Código Penal), violación sexual (artículo 170), violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (artículo 171), violación de persona en incapacidad de resistencia (artículo 172), violación de persona bajo autoridad o vigilancia (artículo 174), actos contra el pudor contra menor de edad (artículo 176-A) y formas agravadas de violación (artículo 177).

3. SE MODIFIQUE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 para que se incluyan como caso especial de semi-libertad y liberación condicional los delitos relacionados a la violencia familiar y de género que están en los Decretos Legislativos N° 1300 y N° 1322: esto son las lesiones graves por violencia contra las mujeres y el grupo familiar (artículo 121-B del Código Penal), violación sexual (artículo 170), violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (artículo 171), violación de persona en incapacidad de resistencia (artículo 172), violación de persona bajo autoridad o vigilancia (artículo 174), actos contra el pudor contra menor de edad (artículo 176-A) y formas agravadas de violación (artículo 177).

Se propuso el siguiente texto:

Todo esto figura en el Informe sobre 4 Decretos Legislativos elevado a la Comisión de Constitución: 1) N° 1296 que modifica el Código de Ejecución Penal en materia de beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo o la educación, semi-libertad y liberación condicional; 2) N° 1300 que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad en ejecución de condena; 3) N° 1323 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género; y 4) N° 1350 de Migraciones, en materias con incidencia en la igualdad de género.

Imagen: Agencia Andina