¿Cómo vamos contra la #TrataDePersonas?

El pleno del Congreso del 3 de Mayo está dedicado a que los ministros de Estado informen sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas 2011-2016 y en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Se han presentado al Congreso el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero. A continuación nuestras apreciaciones y preguntas acerca del avance en el cumplimiento del Plan Nacional contra la Trata de Personas.

Marco legal

A nivel nacional tenemos 4 normas generales para regular el tema. El marco general es el “Plan Nacional de Acción contra la trata de personas 2011-2016” (Decreto Supremo N° 004-2011-IN, publicado el 19 de octubre de 2011), pero también tenemos una norma MINJUS (“Política Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación”, Decreto Supremo N° 001-2015-JUS publicado el 24 de enero de 2015), una norma del MININTER (“Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas”, Decreto Supremo N° 005-2016-IN, publicado el 12 de mayo de 2016) y una norma MIMP (“Protocolo Intersectorial para la atención a víctimas de trata de personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP”, Resolución Ministerial N° 203-2014-MIMP de fecha 20 de junio de 2014).

Planes sin presupuesto

A nivel subnacional, de acuerdo a los informes alternativos de sociedad civil, se registran mayoritariamente avances meramente normativos pues se aprueban Planes Regionales de Acción contra la Trata de Personas y se instalan grupos de trabajo o redes regionales, pero no hay presupuestos claros asignados ni metas.

Una consideración especial es el Presupuesto asignado al Plan Nacional de acción contra la trata de personas. De acuerdo con el IV Informe Alternativo: Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú, durante el 2016 el presupuesto para la implementación del Plan Nacional de acción contra la trata de personas representó el 0.0046% del Presupuesto General de la República para el mismo año, menos que el año anterior representó el 0.0108%.

Prevención

Aún no hay acciones que ayuden a menguar las condiciones estructurales de vulnerabilidad que ponen en riesgo de trata y explotación a las mujeres adolescentes y jóvenes quienes son las principales víctimas. Según información de 2017 del Consejo Nacional de Política Criminal más del 50% de víctimas de trata de personas registradas por el Sistema de Información Estratégica sobre Trata de personas del Ministerio Público (SISTRA) tienen entre 13 y 17 años, y entre el 70% y el 80% de las víctimas reportadas son mujeres.Por eso necesitamos enfoque de género, intercultural y generacional en la respuesta del Estado

Regular ciertos sectores económicos es parte de la prevención. Existe evidencia que la trata de personas es dependiente de sistemas delictivos (o informales) de mayor capacidad económica. 44.9% de reclusos previamente trabajó en bares y discotecas, y 24.49% en comercios u oficios independientes. Si se desagrega por sexo, 31.82% de mujeres trabajó en comercios u oficios independientes, 26.36% trabajó como “damas de compañía” y 22.73% trabajó en bares. En caso de varones, 33.33% trabajó en bares y discotecas y un interesante 22.22% trabajó como transportistas.

Persecución y sanción

La persecución está muy concentrada en los últimos eslabones de la trata y no en los explotadores de gran escala. No en vano las personas procesadas son 40% mujeres, de las cuales casi el 60% tiene antecedentes de victimización por violencia física y trata de personas, es decir que muchas víctimas terminan siendo parte de las organizaciones cuando crecen y son a ellas a quienes el sistema detiene. Y aún en este universo tenemos pocas sentencias condenatorias, recuérdese la desastrosa sentencia del caso de trata presidida por el entonces vocal villa stein.

Existe subregistro estadístico de la trata de personas: Si bien es cierto que entre el 2009 y el 2015, las denuncias por trata de personas crecieron en 617%, y que entre el 2014 y el 2015, la proporción de denuncias creció en 74.4%. Sin embargo, hay subregistro -casos que no se denuncian o no son detectados—, porque este delito opera a través de redes ocultas y en zonas lejanas al alcance del Estado.

Sobre la situación procesal

El 67% de internos por trata de personas tienen condición de procesados. La dificultad para acreditar este delito se documenta en varias investigaciones. El tratamiento penitenciario, por otra parte, debe de contar con un enfoque de género: el 40.10% de internos por trata de personas son mujeres, de las cuales el 59.09% tiene antecedentes de victimización por violencia física y trata de personas, así como conocimiento de redes de captación y transporte de víctimas.

En el caso de los internos, el 59% de las personas recluidas —cuyas edades promedio rondan los 26 años— declara que fue víctima de violencia en edades tempranas, de las cuales casi la mitad describen situaciones de captación y explotación sexual relacionadas a la trata de personas; el 51% de reclusos declara provenir de un hogar pobre; casi el 50% de los internos no culminó la educación básica regular (cifra que, sin embargo, es inferior al de la población penitenciaria general [60.2%]).

Proteger a las víctimas

Los informes de CHS y Tierra de Hombres Suiza inciden en la mala situación de las víctimas que son rescatadas. Ante el pedido de información hecho desde el despacho al MIMP sobre las recomendaciones del informe de Tierra de Hombres “Protegidas o revictimizadas”, la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP señala que entre enero y febrero se han hechos supervisiones a los CAR de Iquitos, pero la problemática va más allá de esa ciudad y se necesita una continuidad en las acciones. Asimismo, a la fecha no hemos recibido respuesta del MININTER y MINJUS sobre sus responsabilidades.

Nuestra labor en el Congreso

La trata de personas y la explotación se concentran en departamentos donde proliferan actividades extractivas y los sistemas económicos informales se expandieron en las últimas décadas. Según la evidencia empírica disponible de distintas investigaciones, la trata de personas funciona como complemento de un sistema económico principal, al cual provee mano de obra o servicios.

El 23 de septiembre de 2016, Día Nacional de Lucha contra la Trata de Personas por ley de este Congreso, visité con mi equipo de despacho la región de Madre de Dios, junto con la Ministra de la Mujer que hoy nos acompaña, y pudimos comprobar una serie de falencias que quiero detallar:

– En zona de La Pampa todo el conjunto habitacional está situado en una zona intangible ambiental y de derecho de vía pero el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no han hecho nada por emprender el desalojo.

– El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene control nulo de insumos para la explotación minera de la zona que tiene inclusive maquinarias instaladas. La SUNAT no controla efectivamente la entrada y salida de bienes producto de la minería informal. El Ministerio de Trabajo (MTPE) no ha hecho ninguna acción de fiscalización en la zona a pesar de que hay explotación laboral.

– La Fiscalía especializada de trata tiene el apoyo de la Presidencia de la Junta de Fiscales de la zona pero 1 fiscal provincial y sus 3 adjuntos no se dan abasto y el Ministerio Público no tiene recursos para contratar más equipo.

– El Poder Judicial no contaba con un juzgado especializado en temas de trata y explotación a pesar de que hay una fiscalía especializada. El MINJUS no tiene un programa de litigio especial para delitos de trata y explotación.

– Con el MININTER la fiscalía informaba que no ha podido coordinar condiciones para el desalojo integral de La Pampa, considerando además que hay personal particular armado que defiende los intereses económicos de la zona a costa de la vida de quienes se considera externas/os. Solo se han podido hacer operativos muy concretos pero nada que ataque la estructura organizada en esa zona. El Gobierno Regional y Local tiene nula presencia.

Preguntas a los ministros de Estado

¿Se ha previsto diseñar un Programa Presupuestal por Resultados intersectorial y multinivel de gobierno para que se pueda financiar específicamente las diferentes acciones de prevención, sanción y protección y recuperación de las víctimas en materia de trata y diversas formas de explotación?

¿Qué medidas se han adoptado para trabajar a nivel educativo para evitar que las adolescentes y mujeres jóvenes estén expuestas a las distintas formas de trata y explotación?

¿Qué medidas se han tomado para controlar ciertos sectores económicos sensibles en temas de trata como bares, discotecas, hoteles, y zonas de minería tanto formal como informal?

¿Qué medidas policiales de inteligencia se han adoptado para desbaratar las mafias detrás de la trata y la explotación, y no solo capturar a quienes se ubican en los últimos eslabones de la organización criminal?

En el marco de la separación de poderes ¿qué medidas se han adoptado para que desde la defensa pública a las víctimas se vele por adecuados estándares en los procesos judiciales por trata y explotación?

¿Qué acciones ha adoptado el Poder Ejecutivo para que haya medidas especiales para la restitución de las víctimas de trata y explotación como acceso a programas educativos (MINEDU), acceso a programas de empleabilidad y empleo (MTPE), apoyo para los emprendimientos económicos (PRODUCE), prestaciones integrales de salud (MINSA) y programas sociales (MIDIS)?

¿Qué acciones se han previsto para una acción articulada entre los diferentes sectores (no solo MININTER) en zonas específicas de trata y explotación como Madre de Dios?

Imagen: INDAGA- Observatorio Nacional de Política Criminal