Con las y los trabajadores

Desde que llegamos al Congreso de la República hemos insistido en la necesidad de reconocer y regular adecuadamente el derecho a la negociación colectiva en el Estado. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó en noviembre de 2017 el dictamen del proyecto de Ley que restablece la negociación colectiva en el sector público. La próxima aprobación y promulgación de la ley será una histórica restitución de los derechos laborales recortados en el marco de la reforma laboral neoliberal llevada a cabo por la dictadura de Fujimori en la década del 90, cuando miles de trabajadores estatales perdieron su derecho a sindicalizarse, a ejercer el derecho a huelga y a negociar colectivamente sus remuneraciones. Uno de los antecedentes del dictamen aprobado es nuestro Proyecto de Ley N° 965/2016-CR (febrero de 2017, en coautoría con la congresista Marisa Glave), iniciativa trabajada en atención a las propuestas de las organizaciones de trabajadores del Estado más representativas, como la Central Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE) y la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal- UNASSE, afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del Perú.

#Presupuesto2018 – Inspecciones laborales

El presupuesto del Sector Trabajo en la Ley de Presupuesto Público 2018 registra un aumento en el Pliego 121, correspondiente a SUNAFIL, que pasa de 104 millones (2017) a 141 millones (2018). Lamentablemente ello no se refleja en una meta de mejora de la fuerza inspectiva, pues se plantea apenas pasar de 167 a 215 inspectores, y de 38 a 47 supervisores. El aumento más importante de personal está en la categoría “inspectores auxiliares”, quienes no tienen las competencias para inspeccionar todo tipo de empresas.

Preocupa también que al año 2020 el Ministerio de Trabajo se plantee como objetivo contar con 223 inspectores, cifra bastante lejana del estándar internacional que se tuvo como referencia al crearse SUNAFIL (2000 inspectores). A este ritmo, difícilmente se cumplirá el objetivo de 90 mil operativos contra la informalidad al año 2020. Las metas quedarán en el papel si no se refuerza el número de inspectores con capacidad y facultades plenas. Nuestro llamado de atención no es solo de cantidad, sino también de calidad de la función inspectiva y del estándar laboral de los inspectores e inspectoras. Por ello, como parte de nuestras tareas de representación y fiscalización, en más de una oportunidad, hemos acompañado al sindicato de inspectores en sus demandas de mejora de condiciones de trabajo.

Indira Huilca | Boletín 03 Agosto 2017-Enero 2018 by Indira Huilca on Scribd