Sobre la tentativa de feminicidio en Miraflores

Captura de video-denuncia de testigo/ Facebook

La reacción de las autoridades policiales a la brutal agresión contra la joven Micaela de Osma por parte de su pareja nos recuerda de modo dramático lo mucho que aún falta por mejorar en los servicios públicos para las víctimas de violencia. Compartiré aquí algunas apreciaciones a partir de nuestra visita a la Comisaría de Miraflores anoche durante el procesamiento del caso.

  1. La víctima estuvo en el proceso de denuncia por cerca de 7 horas. En un primer momento, la abogada del equipo del Servicio de Atención de Urgencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP no pudo acompañar la declaración, lo que se logró luego con la autorización de la agredida, que solicitó absoluta privacidad de los hechos que ha revelado. 
  2. Una deficiencia de la atención policial -que se relaciona con el poco conocimiento que se tiene en los establecimientos policiales respecto al marco legal- es que el personal de la PNP no activó la llamada “etapa tutelar” de la Ley 30364, que consiste en que se dicten medidas de protección inmediata por parte de los Juzgados de Familia, que acompañen la etapa de proceso penal. El equipo de mi despacho congresal, junto al equipo legal del MIMP insistimos sobre este punto, lo que ha quedado plasmado en el oficio de la abogada MIMP dirigido al comisario solicitando que curse lo actuado al Juzgado de Familia, para que este se pronuncie.
  3. El equipo de mi despacho, junto a la abogada MIMP conversó con el fiscal de turno que llegó a la comisaría para asegurar que haya un buen encausamiento de lo sucedido: el agresor quedó detenido por las 48 horas que habilita la norma. En ese plazo el fiscal de la 1ra Fiscalía Penal de Miraflores debería presentar denuncia por feminicidio en grado de tentativa con pedido de prisión preventiva. Se trata de tentativa de feminicidio porque como parte de los hechos de violencia hubo una amenaza con un cuchillo.
  4. Durante la atención a este caso, llegó al establecimiento, luego de sus exámenes en Medicina Legal, una denunciante por violación sexual ocurrida en la madrugada de ayer;. El MIMP acreditó abogada para acompañar su declaración, que se rindió en el mismo ambiente en que se procesaba el caso de Micaela, es decir en presencia de un agresor y su abogado. La falta de ambiente adecuados, que brinden condiciones mínimas de privacidad es común en las comisarías de Lima, situación sobre la que hemos alertado en nuestro Informe de Supervisión a la atención policial de casos de violencia contra la mujer

Ambos casos nos dejan pautas de urgente acción:

  • El nuevo delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (artículo 122-B) requiere una mayor pena máxima de al menos 4 años. Con una pena actual de hasta 3 años no hay incentivos de que los y las  fiscales actúen. Si en este caso no hubiera cuchillo de por medio, el caso no sería considerado feminicidio en tentativa. Esa es la mayoría de casos que se enmarcan en el delito de agresiones. En su caso el reconocimiento médico legal arrojó 5 días de atención médica. Si la pena no va a arriba de los 4 años no hay incentivos para la detención en flagrancia ni para la acción fiscal inmediata, aunque haya riesgo alto.
  • El desconocimiento de los alcances de la Ley 30364 puede poner en riesgo un adecuado proceso para las víctimas; durante el trámite de las denuncias, nadie piensa en activar el proceso para establecer medidas de protección, que están a cargo de los Juzgados de Familia. Es una cuestión de vida o muerte y la PNP no activa el procedimiento. Nuestro despacho tiene el compromiso con la PNP de organizar capacitaciones para policías de las cuatro Limas junto con el MIMP. Estas capacitaciones son necesarias y no deben esperar más.
  • Es imprescindible que el uso de alcohol o drogas por parte de los agresores al momento de la agresión no se considere atenuante sino agravante; ya hemos logrado dictámenes en ese sentido para las reformas penales y están listos para entrar a Pleno con la aprobación en Comisión de Justicia y DDHH lograda hace una semana.
  • Es imprescindible que asegure el buen uso de la figura de la “confesión sincera”. En casos de feminicidio no sirve para ayudar a la investigación del delito, sino para rebajar la pena a los agresores. El Ejecutivo no incluyó quitar esta posibilidad en la delegación de facultades. Vamos a presentar proyecto de ley sobre el mal uso de la terminación anticipada y la conclusión anticipada en casos de feminicidio.
  • El protocolo de investigación de feminicidio no se conoce. No hay una visión holística de las pruebas: p.e. solo se han programado las declaraciones de víctima y agresor, no de las vecinas. Esta situación hay que revertirla.

Esta semana conmemoramos el Día Internacional de las Niñas. Cuánto más debemos insistir en la necesidad de una educación con enfoque de género para que nuestras niñas y niños crezcan en una sociedad que rechace toda forma de violencia, en particular la violencia contra las mujeres?