#AlertaKongreso: Contrabando de facultades
En los últimos días la mayoría fujimorista en el Congreso ha insistido en recordarnos que nunca abandonaron las prácticas antidemocráticas. Han aprobado proyectos de ley que no estaban en agenda o que contravenían acuerdos, como en el caso del intento de aprobar en la Comisión agraria el dictamen para prolongar el régimen de privilegios empresariales de la ley agraria (Ley Chlimper). También han contratado trabajadores bajo planilla y con estabilidad como premio a su “lealtad” y no a su mérito. Ya en el colmo del abuso de poder, han contratado ex agentes de inteligencia como parte del cuerpo de seguridad del congreso. Ahora se alistan para exhibir su poder en el proceso de delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo.
El fujimorismo pretende que se resuelvan en las facultades legislativas algunos puntos que deben ser fruto del trabajo legislativo, como es el caso de los temas laborales. El fujimorismo ha incorporado ítems que el Ejecutivo nunca solicitó, ni a través del Ministerio de Trabajo, ni de Servir. Quieren renunciar a la función parlamentaria de legislar y así abrir camino a quienes quiere evitarse el debate y el escrutinio público para imponer leyes lesivas a las y los trabajadores.
El Fujimorismo busca desconocer el Dictamen ya trabajado sobre negociación colectiva en el sector público, en vez de asumir su responsabilidad derivada del mandato del Tribunal Constitucional, el que dispone que el Congreso regule el procedimiento de negociación colectiva, en el marco del Dialogo Social y Convenios de OIT vigentes. El proyecto de ley de la negociación colectiva en el sector estatal fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo el año pasado, pero hasta hoy espera la anuencia de la mayoría.
La propuesta de Dictamen de delegación de facultades preparada por el Fujimorismo, propone cambios legislativos en materia laboral, sin participación y a espaldas de todos los trabajadores y trabajadoras: tercerización en el sector público, ampliación del régimen agrario a los sectores acuícolas, forestales y de manejo de fauna silvestre, mayores facultades a los empleadores en materia de vacaciones, normativa para mypes, y posibles modificaciones a la carrera de los trabajadores de SUNAFIL y SUNAT.
Esto lo único que traerá es conflicto en las relaciones laborales. Ello, sumado a las campañas mediáticas de criminalización de la protesta, nos sitúa en un escenario de desprotección de derechos de ciudadanos. El Ejecutivo debe asumir la responsabilidad frente a esta situación y hacer valer su fuero.