El Fujimorismo protege privilegios de grandes agroindustriales

El “régimen agroindustrial” (Ley N° 27360, “Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario”) no es otra cosa que un conjunto de extraordinarios beneficios tributarios y de excepción laboral que los empresarios del sector han aprovechado desde 2000. Estas ventajas (por ejemplo, que sea el Estado y no el empleador el que pague el aseguramiento de los trabajadores) se dieron para “promover la inversión privada”, pero han derivado en privilegios para el gran empresariado y en la creación de empleo de baja calidad.

Sindicatos y grupos de derechos humanos han advertido repetidamente que el crecimiento de la agroindustria ha ocurrido a costa los derechos e intereses de los trabajadores, quienes tienen menores remuneraciones, menores bonificaciones, y un tope bajo de indemnizaciones por despido intempestivo o arbitrario, y periodos de descanso obligatorio (vacaciones) y aportaciones al servicio de salud menores que las del régimen laboral común y, lo más grave aún, no brinda ninguna protección frente al despido arbitrario.

Ayer, la Comisión Agraria del Congreso de la República ha forzado la aprobación del Dictamen que amplía hasta el 31 de diciembre del 2031 la vigencia de este régimen de privilegios, (cuya vigencia estaba definida hasta 2021). Esto sin contar con el debido sustento técnico. Han negado que existan trabajadores perjudicados por esta ley. Han ignorado también el alto número niveles de accidentes y daños a la salud entre los obreros de la agroindustria (que hasta cuenta con una normativa específica de seguridad laboral) Han ignorado el acuerdo de llevar a cabo mesas técnicas y la participación del Ministerio de Trabajo y de trabajadores representativos del sector. No hubo debate. Una vez más, solo prepotencia. Tenemos razones de sobra para creer que en el siguiente Pleno o en la Comisión Permanente la mayoría actuará igual para aprobar “al caballazo” la prolongación de este régimen.

Los defensores de los privilegios de los agroindustriales aducen que la Ley N° 27360 favoreció la formalidad. Las cifras oficiales, sin embargo, revelan que en el sector agrario, 8 de cada 10 trabajadores son informales, y que sólo el 22.1% de la PEA  ocupada en actividades agrícolas forma parte de alguna empresa como “mano de obra asalariada”. Nada se dice de los empresarios que están en condiciones de asumir los costos laborales regulares y sin embargo -ellos sí- disfrutan de la ayuda del “papá estado” que tanto critican cuando se trata de otros.

Entre 2008 y 2017, son las mismas 1205 empresas las que disfrutan de los privilegios de este régimen. De estas, solo el 1.2% (15) concentraban en 2008 al 42% de trabajadores comprendidos en el régimen agrario. En 2017 la concentración de de 49.4%. En 2008 sólo 1 de estas 15 empresas tenía menos de 100 trabajadores. En 2017 todas tienen un mínimo de 3678 trabajadores y un máximo de 21664. Son grandes empresas.

El Presidente Vizcarra se ha comprometido a no pedir facultades para ampliar este régimen. El Ministerio de Trabajo ha presentado un informe negativo sobre la ampliación. Los trabajadores también están en contra. Pero igual la mayoría fujimorista pretende aprobarla en los últimos plenos de la legislatura, haciendo honor al origen de quien fuera el creador de esta ley en el 2000 y en tiempos más recientes, secretario general de su partido: un agroindustrial

(Foto: La República)