Acusación constitucional contra Aráoz y Mendoza

Las y los Congresistas de la República del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, en uso de las facultades señaladas en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú y el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, han anunciado la presentación de una acusación constitucional por infracción a la Constitución contra la Premier Mercedes Aráoz Fernández y Enrique Mendoza Ramírez, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Frente a la ratificación de ambos ministros en el #GabineteDeLaImpunidad, se plantea que Aráoz y Mendoza sean investigados por su participación en el proceso que concluyó con la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS que otorgó indulto y derecho de gracia por supuestas razones humanitarias a Alberto Fujimori Fujimori.

En el caso de la Premier Aráoz se cuestiona que haya infringido la Constitución faltando al deber de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública al que obligada en cumplimiento de los artículos 38 y 39 de la Constitución, pues negó falsamente a la ciudadanía todo el proceso de indulto el jueves 21 de diciembre pasado, a pesar de que diversos medios de comunicación han dado cuenta de que personalmente habría participado en coordinaciones al respecto.

Asimismo, como jefa del Gabinete Ministerial, debe asumir la responsabilidad por las infracciones constitucionales cometidas en el Ministerio de Salud que, por ejemplo, cambió a escondidas a inicios de diciembre de 2017 los lineamientos para designación de la Junta Médica penitenciaria en caso de Gracias Presidenciales por Razones Humanitarias sin que se publique la norma ni en la web del Ministerio, ni en el Diario Oficial El Peruano. En el caso del ministro Enrique Mendoza se cuestiona también que el sector a su cargo haya faltado a los deberes de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública al que le obliga los artículos 38 y 39 de la Constitución, negando el trámite de indulto pese a que desde inicios de diciembre de 2014 el INPE, dependencia de su sector, emitió los primeros informes que sustentaron la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS.

Asimismo, el ministro Mendoza ha violado la Constitución al refrendar la Resolución Suprema que concedió el derecho de gracia por razones humanitarias a Fujimori “respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes”, con un texto que sobrepasa el artículo 118, numeral 21 de la Constitución que señala expresamente que el derecho de gracia solo aplica “en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

Por último, Mendoza ha violado la Constitución al refrendar la Resolución Suprema que incumple el marco legal vigente. La Ley N° 28760 prohíbe el indulto y el derecho de gracia a personas condenadas por secuestro, uno de los delitos por los que Alberto Fujimori fue condenado en contra de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. A esto se suman los incumplimientos de las normas que regulan el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias y los estándares jurisprudenciales nacionales e internacionales vigentes. Los hechos expuestos constituyen infracciones de los artículos 38, 39, 118 inciso 21, 128, 139 inciso 22, y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú.